Hace diecisiete años, Ivonne Orozco y su familia emigraron a los Estados Unidos, cruzando la frontera desde México para hacer un hogar permanente aquí. Orozco se graduó de la Universidad de Nuevo México y se convirtió en el maestro del año 2018 del estado.
También cofundó una organización de defensa llamada Maestros contra la detención infantil.
Orozco tiene una conexión personal dolorosa con la detención de inmigrantes. Solo un año después de que ella y otros cruzaron la frontera, su hermana de 18 años también trató de cruzar sin el papeleo adecuado, y la policía la detuvo durante 14 días.
"Más de una década después, sigue sin poder hablar de esa época de su vida sin que las lágrimas caigan de sus ojos", dijo Orozco sobre su hermana en la reunión de junio de la Junta de Retiro Educativo de Nuevo México. "El hecho de llenar una cama con su cuerpo generó ganancias".
Orozco fue una de las siete personas que habló durante la reunión, una de las más de 100 que asistieron virtualmente y uno de los más de 1,400 educadores y simpatizantes anteriores y actuales que firmaron una petición distribuida por un grupo que se hace llamar Campaña de Desinversión NMERB, preguntando a la junta nuevamente. —Desinvertir en acciones compradas con fondos de jubilación de maestros de gigantes de prisiones privadas GeoGroup y CoreCivic.
El impulso de desinversión adquiere una nueva urgencia a medida que las infecciones por COVID-19 asolan las poblaciones de reclusos en Nuevo México, donde un mayor porcentaje de personas está tras las rejas en encerramientos con fines de lucro que en cualquier otro estado de la nación. Las cárceles privadas han tenido 443 casos COVID, mientras que los bloqueos estatales reportan 825 casos hasta el lunes. Sin contar a los reclusos, el condado de Santa Fe tenía menos de 600 casos reportados el mismo día.
La junta parece preparada para abordar el problema, con el apoyo de al menos dos miembros después de un año de ejercer presión por parte de los defensores. El grupo de campaña de desinversión incluye activistas de inmigración, miembros de la comunidad y educadores de Nuevo México que desean que la junta deje de invertir en operadores de prisiones privadas y presionaron para la audiencia pública en junio.
Las juntas escolares de Santa Fe y Española, expertos en derecho y un experto financiero han enviado cartas a la junta en busca del cambio.
La presidenta de la junta, Mary Lou Cameron, le dice a SRF que el comité de inversiones de la junta abordará el tema de la desinversión durante su reunión del 13 de agosto. Si el comité de tres miembros aprueba la medida, ella dice, "hay una buena posibilidad" de que la junta completa finalmente pueda votar públicamente sobre el tema el 14 de agosto.
Además de la presión de los defensores, el debate largamente esperado se produce cuando los precios de las acciones de las compañías disminuyen y la atención nacional en torno a los problemas de justicia penal incluyen cada vez más preguntas sobre la moralidad de las cárceles que se ejecutan por dólares.
Sylvia Johnson, directora de comunicaciones y divulgación para el Proyecto de los Soñadores de Santa Fe, le dice a SFR que los miembros de la junta le dijeron a Johnson y otros defensores que la desinversión estaría en la agenda para agosto.
Cameron dice que ella apoya personalmente la desinversión. Como presidenta, tiene el poder de decidir qué va en la agenda.
No está claro si una propuesta de desinversión pasaría si se incluye en la agenda. SFR intentó contactar a los siete miembros de la junta antes de la publicación para evaluar su postura.
Cuando se le preguntó su posición sobre la desinversión, el vicepresidente Russell Goff dice que difiere con Cameron, quien "habla en nombre de la junta".
Otro miembro de la junta, el Tesorero estatal electo Tim Eichenberg, expresó su apoyo a la desinversión, diciendo que ya ha hecho una solicitud verbal para que el tema se aborde a finales de este mes.
Al 30 de junio, la junta tenía 28,400 acciones de CoreCivic, por un valor de $ 265,824 y 28,900 acciones de GeoGroup por un valor de $ 341,880, según los datos proporcionados por la junta. El valor de esas acciones ha disminuido significativamente desde principios de 2019, cuando el ERB se invirtió en menos acciones que valían casi el doble de lo que son ahora.
Johnson ha ayudado a liderar la campaña de desinversión durante el último año. Ella le dice a SFR que la pandemia y los eventos actuales hacen que sea "aún más evidente" que es hora de deshacerse de GeoGroup y CoreCivic.
"La junta y el director del ERB han puesto resistencia a involucrarse en este tema", dice Johnson. "Y espero que lo hagan hasta el punto en que tomen la acción porque básicamente los estamos ofreciendo en bandeja de plata, una forma realmente fácil de hacer algo simbólico, pero también muy poderoso".
Jan Goodwin, director ejecutivo de la junta, no tiene poder de voto, pero en una entrevista la semana pasada respaldó declaraciones anteriores hechas a SFR de que la junta no puede desinvertir porque esas dos acciones necesitarían trabajo manual, tomarían recursos y lastimarían el fondo de pensiones. Goodwin también cita una recomendación de Diciembre de la junta a la Legislatura que sugiere que los legisladores estatales son los más adecuados para considerar si la desinversión es apropiada.
Sin embargo, Bob Jacksha, el director de inversiones de la junta, le dice a SFR que si la junta decide desinvertir, un comerciante simplemente necesitaría vender esas acciones con "un poco de trabajo manual" un par de veces al mes, sin gastos adicionales. Desinversión de las acciones no supondría una "diferencia financiera significativa", agrega.
"Cuando surja el problema, suponiendo que la junta quiera saber de mí, eso es lo que les diré", dice Jacksha.
Cameron espera que haya llegado el momento.
"Hemos hablado mucho al respecto y, a veces, no hemos tenido el consentimiento suficiente para realmente sacarlo adelante", dice ella. "Continuaremos hablando de ello y llevándolo a la mesa directiva. También estamos analizando nuestras políticas que, con suerte, implementaremos sobre este tema".