Evan Chandler
Demonstrators on Jan. 22 walked from the Santa Fe Railyard to the Roundhouse as part of the “Workers Day of Action.”
En un estudio que comparte un edificio con una tienda de llantas en Airport Road, Isabel Zambrano enseña una clase combinada de Zumba y CrossFit. La música suena a todo volumen en una noche de semana reciente, casi sacudiendo el estudio. El sudor resbala por las caras de varios participantes mientras bailan y dan patadas. Entonces, la música cesa momentáneamente.
“¡Ay!” grita la entrenadora rubia.
Al poco rato, la música vuelve a sonar y el grupo se mueve en sincronía.
Zambrano, nacida en México y residente en Santa Fe desde hace casi 30 años, empezó a dar clases de Zumba hace cinco años. Primero tomó clases por su cuenta cuando su médico le ordenó hacer ejercicio, dice. Después de perder una cantidad considerable de peso, se lanzó al mundo de la enseñanza.
“Decidí que quería abrir mi propio negocio porque ya había trabajado para alguien más, había estado en diferentes trabajos, y podía ayudar a otras personas,” le dice a SFR.
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Cuando no está dando clases, Zambrano alquila el estudio para eventos y también tiene una tienda de ropa al lado. Sin embargo, su crecimiento como empresaria se produjo sin ayudas públicas. Durante la pandemia, solicitó subvenciones y préstamos, pero no se los dieron.
“Mi negocio lo he levantado yo sola sin ningún recurso, y ha sido difícil,” dice. “He ido a calificar y me dicen que no califico…en términos de apoyo que nos apoyaran un poquito más a los que no tienen un número de seguro social, que nos abriera más puertas, que nos ayudaran un poco más económicamente porque sí es muy difícil levantar un negocio de la propia bolsa de uno porque se queda uno hasta a veces sin nada.”
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Desde entonces, ha obtenido un número de seguro social, que le ayuda a ofrecer oportunidades a otras personas que se encuentran en la misma situación que ella. Hace poco menos de un año contrató a su primera empleada, una inmigrante peruana, para que la ayudara en la tienda.
“Pero lo bonito, lo importante es que estamos progresando,” dice Zambrano.
A pesar de su enorme contribución a la economía local y estatal, los inmigrantes no pueden acceder a muchos programas públicos destinados a las pequeñas empresas y a la mano de obra.
En el caso de Santa Fe, un estudio publicado a finales del año pasado y titulado “New Americans in Santa Fe County” ofrece un análisis exhaustivo de cómo influye en la economía la población inmigrante local, incluidos los trabajadores que son indocumentados:
El American Immigration Council descubrió que los inmigrantes constituyen el 11,1% de la población total del condado—aproximadamente 16.000 personas—pero representaron el 15,2% de su población en edad de trabajar y el 15% de la mano de obra empleada en 2019. En el lado empresarial, 1.800 inmigrantes generaron $35,6 millones en ingresos comerciales, representando el 15,2% de los propietarios de negocios del condado.
Además, los inmigrantes pagaron más de $122 millones en impuestos en 2019 y contribuyeron con el 12,9%, o $1.100 mil millones de dólares, al producto interior bruto del condado, y desempeñaron un papel fundamental en algunas industrias: representando el 28,6% de los trabajadores de la construcción; el 27,1% de los trabajadores de la hostelería; y el 13,7% de los trabajadores de la educación.
Muchos trabajadores pertenecen a varias de esas categorías. Claudia Ávila, nacida en Chihuahua, México, por ejemplo, siempre ha estado en limpieza, dice. Tiene 27 años de experiencia y ahora también es propietaria de una compañía de limpieza. Cuando llegó la pandemia, ella y otros miembros de su familia perdieron sus fuentes de ingresos.
“A la semana después de que cerraron todo, porque yo dije, ‘¿Qué voy a hacer? ‘¿Qué vamos a hacer todos sin trabajo?’” Avila tells SFR. “Yo sé coser desde que tenía 12 años porque mis dos abuelitas eran costureras, y entonces yo dije, ‘Vamos a hacer máscaras.’”
Las máscaras empezaron siendo sencillas, dice, pero poco a poco la familia empezó a personalizarlas con nombres individualizados y más empresas se interesaron por ellas. Llegaron a hacer miles.
Ahora, en un comedor convertido en taller en miniatura en un barrio de la calle Rufina, Ávila se queda despierta a veces hasta la una de la madrugada para seguir trabajando, dice. Este domingo por la tarde, sentada a la mesa con un mechero, toca suavemente el logo de una camisa con el borde de la llama.
Ella y sus hijos tienen un negocio de bordados que se ha ampliado para ofrecer más servicios, como diseños personalizados, arreglos, vinilos, grabados, vasos y mucho más. Ávila dice que hay veces que la familia “apenas puede respirar” porque tiene tantos pedidos.
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“Hay veces se nos juntan hasta 15 órdenes en la lista y yo les digo, ‘Téngannos paciencia, espérennos un mes,” dice.
Ávila dice que no buscó ayuda municipal o estatal por miedo a que le pidieran un número de seguro social, notando que compró la primera de dos máquinas de bordar, que costaron 20.000 dólares, solicitando en su lugar una tarjeta de crédito. Se trasladó a Estados Unidos hace casi 28 años y hace poco más de un año obtuvo la nacionalidad.
Tomando clases de inglés en Sweeney Elementary y adoptando una actitud de “no rendirse nunca”, añade, pudo hacer crecer su negocio de limpieza y comunicarse con los propietarios de viviendas.
“Siempre les he dicho a mi familia, algo bueno tiene que salir de aquí, y vamos a seguir adelante,” dice Ávila. “Y lo vamos a hacer juntos.”
Aunque la Ciudad de Santa Fe ha establecido políticas que prohíben la discriminación por motivos de estatus para acceder a los programas financiados por la ciudad, muchas prácticas, aprendizajes y programas de desarrollo laboral están financiados por subvenciones federales que se filtran a través de agencias regionales o del Departamento estatal de Soluciones para la Mano de Obra, y a menudo están fuera del alcance de los inmigrantes indocumentados.
Esta es en parte la razón por la que la Ciudad de Santa Fe se asoció con Somos Un Pueblo Unido, una organización estatal basada en la comunidad y dirigida por inmigrantes que promueve la justicia laboral y racial, para crear un plan estratégico que proporcionará a los trabajadores inmigrantes más oportunidades de desarrollo económico y laboral utilizando las conclusiones del estudio del American Immigration Council.
Aunque está previsto que se publique en febrero, la estrategia aún no está lista. La administradora de Desarrollo Económico y Comunicaciones, Liz Camacho, dijo a SFR en un correo electrónico que la ciudad planea volver a reunirse con los líderes electos y las principales partes interesadas para perfeccionar el plan y hacerlo “no sólo procesable, sino también adaptado para obtener una rápida aprobación y facilitar su aplicación sin problemas... Estamos comprometidos a garantizar que este plan sea una fuerza impulsora de un cambio positivo, y valoramos la paciencia y las aportaciones de nuestra comunidad mientras trabajamos hacia este objetivo compartido.”
Pero el trabajo de Somos no se detiene en Santa Fe, ya que las experiencias de los trabajadores inmigrantes varían en todo el estado, pero comparten puntos en común.
El 22 de enero, la organización ayudó a organizar un evento denominado “Día de Acción del Trabajador”, durante el cual un grupo de unas 300 personas marchó desde el Santa Fe Farmers Market hasta la Roundhouse tras un desayuno y una sesión de formación sobre cabildeo. Cánticos de “Sí, se puede” y “Ese dinero no es del gobierno, es de nosotros” resonaban en los labios de la multitud que portaba pancartas.
Los legisladores estatales elaborarán un plan de gastos en las próximas semanas para repartir lo que se espera que sea otro año récord de ingresos para el Año Fiscal 2025. Y la multitud se manifestó porque quieren más beneficios del dinero que aportan al estado.
La directora ejecutiva de Somos, Marcela Díaz, dice a SFR que el cabildeo de la organización este año en la Legislatura se concentra en asegurar que la cantidad apropiada de dinero del estado llegue al presupuesto para que las restricciones federales sobre los dólares de la Ley de Innovación y Oportunidades de la Fuerza Laboral, que financian la mayor parte del sistema de desarrollo de la fuerza laboral de Nuevo México, no impidan la capacidad de los inmigrantes para acceder a ella.
Ella dice que los defensores quieren ver “programas innovadores, y la expansión de la elegibilidad para las personas que tradicionalmente no son elegibles para el desarrollo de la fuerza laboral y la ampliación de los servicios de apoyo.”
El Departamento de Soluciones de Fuerza Laboral, dice Diaz, está de alguna manera “haciendo un tremendo trabajo en invitar a los trabajadores y los trabajadores afectados a estar en la mesa”, dice Díaz. Los miembros de Somos, sin embargo, dicen que “los trabajadores de bajos salarios desempleados, subempleados y a veces sobreempleados, no sólo los inmigrantes”, sino también otros BIPOC, LGBTQ y los trabajadores rurales están teniendo dificultades para acceder a los programas.
“No es justo para estos trabajadores, y por eso estamos poniendo de relieve esas barreras y necesidades, porque queremos tener acceso a empleos de calidad y al desarrollo de capacidades y vías de progreso y movilidad económica como todo el mundo”, afirma.
Al mediodía, la manifestación había aterrizado frente a la Secretaria del DSFL, Sarita Nair. Algunos trabajadores de Santa Fe, Albuquerque, Artesia, Hobbs y otros lugares argumentaron que su impacto económico a través del trabajo y los impuestos justifica más fondos para la asistencia. Maria Cristina Fuentes, nacida en Guatemala, pero que ahora vive en Santa Fe, le dice a SFR que espera que el estado haga más.
“Estamos aquí por necesidad sinceramente, porque necesitamos el apoyo de nuestros legisladores para que nos incluyan en el dinero que todos como inmigrantes o también como los que son de aquí aportamos en eso de los impuestos,” dice Fuentes, que estuvo entre los que se reunieron con Nair. “Pues también queremos un poquito de ese dinero, o sea lo merecemos también.”
Nair les dijo al grupo que muchas de las ideas que pedían los activistas ya estaban “horneadas en el plan estatal” y que la formación “en un horario que se adapte al trabajo y en un idioma que sea accesible” es una de las principales prioridades. Dado que la normativa federal impide en muchos casos las ayudas a los trabajadores indocumentados, dijo, “el trabajo para abogar por que el dinero estatal llegue y complemente es muy importante”.
Añadió que su departamento está hablando con los coordinadores de los programas de aprendizaje para ver cómo se pueden eliminar algunas barreras. El equipo de Nair también trabajará en un estudio para averiguar “si hay alguna manera de crear algunas prestaciones de desempleo para los trabajadores que actualmente están excluidos”. Un método podría ser a través de un programa de renta garantizada.
En diciembre, un puñado de grupos de activistas, entre ellos Somos, presentaron en la Roundhouse los resultados de una colaboración con la organización UpTogether, de Oakland, para un programa piloto que seleccionó 330 hogares de estatus migratorio mixto para recibir transferencias directas incondicionales de 500 dólares en efectivo durante 12 meses.
Díaz argumenta que los resultados positivos del programa piloto justifican la necesidad de un programa similar a escala estatal. Los participantes experimentaron un aumento del empleo y una mayor estabilidad financiera para buscar trabajos más adecuados a sus capacidades y a las necesidades de sus familias.
“Entender eso nos ayuda a pensar realmente—y sabiendo que los estipendios de subsistencia y la asistencia en efectivo no son totalmente inéditos dentro del Sistema de Desarrollo de la Fuerza Laboral—cómo sería si realmente tuviéramos algunos pagos recurrentes de asistencia en efectivo o ingresos suplementarios para las personas que tienen muchos desafíos, y que necesitan ese tipo de apoyo para el cuidado de los niños y también para no tener que trabajar en dos empleos para llegar a fin de mes”, dice. “Especialmente con los elevados costes de la vivienda en lugares como Santa Fe, esas son las personas que llamamos sobreempleadas y que no pueden participar en estos programas de desarrollo laboral tan importantes.”
Director de Earth Care y organizador de la comunidad Miguel Acosta le dice a SFR que confía en el liderazgo en Somos y en la Oficina de la Ciudad de Desarrollo Económico en su trabajo para crear un plan estratégico y la promoción a nivel estatal. Sin embargo, espera que la inversión se destine a las organizaciones que “realmente hacen el trabajo directo de desarrollo económico de creación de capacidad”, y que los inmigrantes no se queden fuera.
“Soy cautelosamente optimista de que realmente financiarán lo suficiente y de forma correcta, adecuada, no sólo cuánto dinero, sino que invertirán en ello lo suficiente para marcar realmente la diferencia”, afirma Acosta.
En sus más de 10 años de experiencia en labores de apoyo a las empresas del Southside, encontrar y fomentar el apoyo a los trabajadores y empresarios inmigrantes siempre ha sido un reto, afirma.
“A lo largo de los años hemos oído hablar a los comerciantes de que la única vez que veían a alguien de la Ciudad era para ponerles una citación por algo que habían hecho mal”, dice Acosta. “Así que ha habido una barrera comunicativa y relacional entre la ciudad y los pequeños comercios de Airport Road y, en un par de momentos, de hecho cierta hostilidad”.
En un momento dado, recuerda, algunos residentes de Tierra Contenta recomendaron a la ciudad que prohibiera los camiones de comida.
“Les molestaba tener que conducir por Airport Road y ver esas monstruosidades y esos camiones de comida... con un montón de indeseables colgados delante. Básicamente, no querían ver mexicanos. Ese era su problema”, dice Acosta. “Pero entonces los blancos descubrieron los camiones de comida y se convirtieron en algo normal. Así que ahora no hay ese mismo tipo de animosidad hacia los camiones de comida, pero tampoco ha habido ningún tipo de apoyo formal.”
Acosta dice que está trabajando en un proyecto junto con la ciudad, cuyo lanzamiento está previsto para esta primavera, que ayudará a los propietarios de las zonas donde se ubican los camiones a desarrollar “pequeños armarios cívicos” que sean más fácilmente identificables en persona y en servicios como Google Maps. También ha visto de primera mano cómo las restricciones basadas en la situación laboral hacen que los programas de ayuda previstos sean inaccesibles para algunos. Cita, por ejemplo, cómo el estado lleva tres años financiando prácticas para estudiantes de secundaria, pero los que no tienen número de seguridad social no pueden participar, lo que hace que “se queden fuera de estas oportunidades de aprendizaje basado en el trabajo y el empleo.”
Esa es también la razón por la que Lorraine Urquidi, residente en Sunland Park, viajó unas cinco horas hasta Santa Fe para asistir a la manifestación, en gran parte para pedir al estado más fondos para la educación. Ella trabaja como artista con DescolonizArte, un programa que ofrece clases de arte para jóvenes y conversaciones sobre justicia social.
Evan Chandler
Le dice a SFR que la divulgación es lo que más resultados da. DescolonizArte, por ejemplo, trata de llegar a las comunidades más pobres, colocando folletos fuera de las tiendas de comestibles y panaderías que informan a la comunidad sobre los servicios ofrecidos, como clases extraescolares con merienda y servicios de traducción de documentos. Estos dólares, añade, podrían ayudar a apoyar y dar a conocer mejor los programas disponibles para los jóvenes, algo que a ella le gustaría haber tenido cuando era pequeña.
“En todos estos programas y reuniones acabamos conociendo a mucha gente, y muchos de ellos pasan por lo mismo que nosotros, así que entendemos perfectamente su lucha,” dice Urquidi. “Antes no existían estos programas. Eso o quizá la gente no era consciente y nunca recibió ayuda por el mero hecho de no ser consciente”.
Urquidi se muestra optimista sobre el éxito del cabildeo, pero a pesar de todo, su amor por el arte y por la comunidad la mantendrán en marcha, al igual que mantiene motivados a otros.
“Estamos marcando la diferencia, y quiero decir que sí la marcamos.” dice “Siento que al presentarnos [en la Roundhouse] ese día, siento que tuvimos un impacto, y estoy muy orgullosa de todas estas organizaciones y de lo que están haciendo.”
PETRÓLEO, GAS E INMIGRANTES
Los trabajadores denuncian malas condiciones, falta de formación y de supervisión de la seguridad
Es probable que Nuevo México prevea gastar más de $10 mil millones en su nuevo presupuesto para el Año Fiscal 2025, gran parte de ellos procedentes de los royalties de extracción de petróleo y gas, que no han dejado de aumentar en los últimos años. Este año, por ejemplo, ese dinero representa cerca del 40% del presupuesto del fondo general.
Los trabajadores inmigrantes que contribuyen a esos ingresos dicen que es otra de las razones por las que merecen más ayudas.
Según un estudio realizado en 2020 por el American Immigration Council, los inmigrantes representan el 17% de todos los trabajadores de la industria estatal de “minería, canteras y extracción de petróleo y gas”. Ese mismo año, un perfil de los trabajadores de petróleo y gas natural en Nuevo México del Departamento de Soluciones de Fuerza Laboral informó que había un poco más de 26.000 trabajadores en la minería en el primer trimestre de 2020. Eso podría poner el número de inmigrantes en los puestos de trabajo en aproximadamente 4.420.
Francisco Martínez, residente de Hobbs, estuvo una vez entre ellos. Pero dejó la industria después de cortarse el dedo índice y el pulgar de la mano derecha durante un accidente de trabajo y su empleador no le ayudó, le dice a SFR, notando que la empresa tampoco ofrecía seguro de salud. Además, dice, los organismos como la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo nunca aparecieron.
“Por no estar legalmente allí, no nos hacían caso…abusan de nosotros, y nosotros somos los que sacamos todo adelante como trabajadores de petróleo,” dice Martínez.
Añade que le gustaría ver más formación en seguridad y prestaciones y beneficios para los trabajadores, entre otras cosas. Sin embargo, Martínez dice que más que nada, quiere que la Gobernadora Michelle Lujan Grisham y los legisladores no vivan en el presente y “miren hacia el futuro.”
“No todo el tiempo vamos a estar viviendo del petróleo y que inviertan en nuevas empresas, fábricas de muebles, fábricas de ropa, nuevos ingresos,” dice, “para que al futuro se acaba el petróleo no nos falten trabajos tanto.”
Aunque el tamaño de la muestra es pequeño, en un estudio reciente encargado por Somos Un Pueblo Unido sobre la mano de obra del sector del petróleo y el gas en el sureste del estado, el Centro de Política Social de la Universidad de Nuevo México descubrió que la jornada laboral media era de casi 12 horas, y ocho de cada 10 trabajadores declararon conocer a alguien que había sufrido un accidente laboral y/o había fallecido a consecuencia del mismo; el 46,4% de los participantes habían sufrido un accidente propio, y el 84,6% de ellos dijeron que creían que el accidente se podía haber evitado. Muchos de los trabajadores también mencionaron que carecen de acceso a seguro médico, seguro de desempleo y otras prestaciones.
De los 126 participantes de los condados de Lea, Chaves y Eddy, en la cuenca del Pérmico, el 99% eran hispanos y el 72% nacidos en el extranjero.
“He vivido cinco años en Hobbs, conozco todo, y dependemos nada más del petróleo y aceite,” dice Martínez. “Cuando se acabe el aceite, ¿qué vamos a hacer?”
